–Señora Segarra, la juez Mercedes Alaya quiere verla.
Apenas unas horas después de que se filtrara la decisión de la Fiscalía, para que se archivaran los delitos cometidos por Lopera en el Betis hasta 1998 por prescritos, la titular del Juzgado de instrucción 6 se presentó ante la Fiscal jefe de Sevilla.
La magistrada Alaya solicitó explicaciones a María José Segarra. Desde que inició la instrucción del caso Lopera, a raíz de los supuestos delitos societarios cometidos en el Betis por su jerarca, había ido comprobando cómo subían la tensión y las maniobras turbias en la trastienda de la investigación. Pero lo sucedido hace una semana rebasaba ya lo tolerable.
Ese martes, 27 de abril, la juez se quedó estupefacta al leer en Efe y escuchar en la cadena Ser el supuesto documento de la Fiscalía en el que echaba por tierra todo el trabajo de los peritos judiciales al solicitaba que anulara, por prescritos, los delitos cometidos por Lopera entre 1993 y 1998 a través de su empresa fantasma Tegasa.
En un primer momento, se consideró que la filtración provenía de la defensa de Lopera, liderada precisamente por dos ex fiscales, Alfredo Flores y José María Calero, ahora en el bufete Montero Aramburu. Esa sospecha ya debió encolerizar a Alaya, reiteradamente descalificada por actuar al dictado de los medios según los abogados del dirigente verdiblanco.
Sin embargo, las pesquisas arrojaron una sorpresa morrocotuda al detectar que la filtración no había surgido de la defensa y apuntar directamente al entorno de la Fiscalía. Por eso pidió explicaciones Alaya a Segarra. La cita discurrió en un ambiente de enorme tensión.
El enfado de Alaya alcanzó la monumentalidad al conocer los pormenores del escrito de la Fiscalía. Según lo filtrado, el Ministerio Público argumentaba que, por sus supuestos delitos, a Lopera se le podrían pedir hasta 9 años de cárcel, por lo que consideraba que todo lo anterior a 1998 estaría prescrito. Hay que recordar que la querella que impulsó la propia Fiscalía –junto a los grupos Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de juristas– llegaba hasta el año 2007. Un argumento técnico «disparatado», según fuentes judiciales, que calificaron como «barbaridad jurí-ica» la confusión de la Fiscalía en- tre «la prescripción de la pena y la prescripción del delito».
Más allá de todo esto, el Fiscal llegaba al extremo de afirmar que las operaciones entre el Betis y Tegasa, una empresa de Lopera que llegó a gestionar el club sin tener ni un solo empleado, «no perjudicó al club» porque en sus primeros años «el Betis arrojó beneficios» en su balance.
En apenas unos folios y con una argumentación genérica, la Fiscalía se pasaba por el forro el trabajo durante estos años de los peritos judiciales (que concluyeron un primer informe de 300 folios cifrando en 12,4 millones de euros el perjuicio causado por Lopera al Betis hasta 1998), de la Guardia Civil (un macroinforme de 500 folios) o varias sentencias judiciales.
El criterio de la Fiscalía chocaba llamativamente contra el que esa misma Fiscalía impuso, en 2005, en el caso Hacienda, en el que las relaciones fraudulentas entre el Betis y Tegasa provocaron una condena de 15 meses de prisión para Lopera, que salvó al no cargar entonces con antecedentes penales y conmutarla por una multa de 2,5 millones de euros (que los peritos han descubierto ahora que pagó el Betis… a pesar de ser el defraudado).
Hay que recordar que, en 2008, cuando la juez Alaya alargó la instrucción al observar indicios de delito societario continuado, el Ministerio Público ya expresó su disconformidad. En realidad, la Fiscalía no ha movido su criterio ni un milímetro desde el inicio de la causa. Y eso es lo que realmente sorprende, que haya permanecido inerte a pesar de las tremendas pruebas arrojadas por la investigación.
¿Por qué?
Hay que recordar que la Fiscalía vela en este asunto por los intereses públicos (no por los intereses del Betis, eso corresponde a las plataformas de accionistas querellantes). Lo cual hace más extraño que contraponga su criterio al de otras instituciones del Estado como los tribu- nales, los peritos de Hacienda o la Guardia Civil.
¿Por qué?
La cadena Ser expuso un argumento, citando fuentes de la investigación: el Fiscal consideraría que restringiendo las pesquisas a su etapa final (en la que los delitos de Lopera con su otra empresa fantasma, Encadesa, son especialmente clamorosos ) se garantizaría mejor el éxito de la demanda que alargando y complicando el proceso.
Las plataformas querellantes, sin embargo, creen y temen otra razón: sospechan de una posible presión política sobre la juez Alaya, instructora también del caso Mercasevilla.
Al igual que con Lopera, Alaya encontró ahí indicios de delito más allá de la denuncia inicial de fraude, desdobló la investigación y ha decidido llegar hasta el fondo. Entre sus decisiones, la más políticamente in- correcta ha sido la imputación del delegado provincial de Empleo, el socialista Antonio Rivas, dimisionario a raíz de esta acusación.
Igualmente en este caso, la posición de la Fiscalía es de una llamativa tibieza, extrañamente incómoda ante una juez dispuesta a escarbar hasta el fondo de la basura.
EL MUNDO. MARTES 4 DE MAYO DE 2010
Antonio Félix