Asuntos sucios en el ‘caso Lopera’ (II)
ANTONIO FÉLIX
Se escucharon los corchos del champán en el corazón de Los Remedios, despacho de Montero-Aramburu, con los abogados de Lopera eufóricos con la resolución de la Fiscalía, pedir el archivo de los delitos del dirigente en el Betis hasta 1998.

Había motivo para la algarabía de los ex fiscales Alfredo Flores y José María Calero, hoy batiéndose el cobre por Lopera en un partido en el que veían caer los goles del rival. La decisión de la Fiscalía, uno de los querellantes junto a la asociaciones Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de juristas, fue una bocanada de aire para un equipo que comenzaba a sentirse exhausto.

Fue como si, en el descanso, el delantero rival se cambiara de bando. Y supuso, sobre todo, un impulso para una estrategia principal de la defensa, consciente de que en esta eliminatoria el factor campo puede ser decisivo. Y el segundo partido ellos lo juegan en casa.
Una vez concluya la instrucción del Juzgado 6 de Sevilla, comenzará a disputarse la vuelta en la Audiencia Provincial, territorio de Calero y, sobre todo, de Flores, donde ejerció como Fiscal Jefe durante dos décadas (acusando, entre otros, al propio Lopera antes de, sin solución de continuidad, pasar a defenderlo).
A la Audiencia se dirigirá ahora el escrito de la Fiscalía si, como casi todas las partes presumen, la juez Alaya lo inadmite. El curso lógico, entonces, es que la Fiscalía apele. Una situación de la que espera sacar partido la defensa de Lopera.
Obstinadamente, a lo largo de los innumerables recursos que ha puesto durante la instrucción, los abogados de Lopera han descalificado a la juez Alaya por su supuesto seguidismo de los medios y su carácter «inquisitorial». Una de sus quejas más recurrentes fue la «indefensión» ante la ampliación de la investigación que ordenó la magistrada.
Según fuentes de Montero-Aramburu, la queja del Fiscal será utilizada por la defensa de Lopera para pedir la recusación de la juez. Después de, infructuosamente, solicitar la recusación de los peritos, Flores y Calero han decidido apuntar más alto.
En Montero-Aramburu no han podido recibir con más agrado las tesis de la Fiscalía sobre la prescripción de los delitos de Lopera (hasta 1998), que coinciden con uno de sus argumentos básicos.
Pero además del qué, a los abogados de Lopera les satisface especialmente el dónde. Después de que la misma Fiscalía adelantara que, en su opinión, a Lopera se le podrían pedir hasta nueve años de cárcel, parece claro que el juicio, si llega, se dilucidará en la Audiencia Provincial y no en un juzgado de lo Penal.
Y es en la Audiencia donde se mueve como pez en el agua Alfredo Flores, después de una dilatada trayectoria allí como Fiscal, en defensa antes del interés público. De hecho, el peso de la defensa de Lopera y sus testaferros lo está llevando durante la instrucción su ayudante Calero. Flores, mientras, aprovecha para moverse entre bambalinas.
En la Audiencia, hay que recordarlo, ha conseguido Lopera el que era su único tanto, hasta la decisión de la Fiscalía, en un partido que perdía por goleada tras los tiros de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil y los peritos de Hacienda.
El pasado 26 de febrero, la sección primera, presidida por Joaquín Sánchez Ugena, y junto a los magistrados María Dolores Sánchez y Juan Antonio Calle, adoptó una polémica resolución.
El tribunal atendió una apelación de la defensa y revocó la decisión de la juez Alaya de investigar la supuesta apropiación indebida de las acciones del Betis en 1992. Los jueces consideraron que aquello no tenía «la mínima apariencia de tipicidad penal» y que «habría prescrito».
Lo realmente llamativo fue que los magistrados de la Audiencia no consideraron oportuno conocer todas las pruebas para emitir su sentencia.
Para entonces, los peritos judiciales llevaban un año investigando esta cuestión que, precisamente, era la que tanto estaba retrasando la primera parte de su informe, pivote clave de la instrucción.
El pasado 25 de marzo, los peritos entregaron ese informe, cifrando en 12,4 millones de euros el perjuicio causado al Betis por Lopera a través de su empresa fantasma Tegasa. En el mismo reflejaban que, atendiendo a lo dispuesto por la Audiencia, detenían su investigación sobre el 92… que ya estaba casi acabada.
Así que no escamotearon sus conclusiones: «El Real Betis sufrió una pérdida patrimonial de 206 millones de pesetas como consecuencia de una operación por la que Farusa (empresa matriz de Lopera) adquiere 36.868 acciones sin abonarlas».
A juicio de los peritos, Lopera controló así irregularmente el grueso del paquete mayoritario con el que luego pudo maniobrar, a sus anchas e impunemente, con sus empresas fantasmas, Tegasa y Encadesa.
Unos hechos a los cuales los magistrados de la Audiencia decidieron no esperar para emitir su juicio.
Última actualización el Miércoles 05 de Mayo de 2010 18:31