En realidad, todo debiera ser más sencillo. Recapitulemos: un señor gobierna el Betis autárquicamente durante 18 años gracias a la posesión de 20.000 acciones; es denunciado, y los peritos judiciales demuestran que no pagó ni un solo céntimo del millón largo de euros que costaban aquellos títulos; en su defensa, el aludido da su palabra, y punto; ni un tícket, ni un recibito, nada: el auto de fe de su palabra. En un Estado de Derecho a pleno pulmón, ¿quién no apostaría porque el susodicho pasaría una buena temporada a la sombra? Sí, decididamente las cosas resultarían más sencillas si la atmósfera estuviera más limpia.

Si algo está mostrando en todo su esplendor el caso Lopera son las costras del sistema, las llagas por las que supura el Estado de Derecho, y la fenomenal estructura que hay montada para aprovecharlo. La basura se sigue amontonando en torno al Betis, al punto de que ya no resulta sencillo avistar lo obvio. El nuevo escenario de la batalla no puede resultar más sucio. La pelea tampoco puede ser más apasionante.

En cuanto se le rasca al caso, afloran las heces. Así sucedió con el informe de la Guardia Civil sobre el fondo político de la trama. Si saben de lo que hablamos, probablemente será porque leen EL MUNDO.

Recuerden, un teniente de la Unidad Central Operativa de Delitos Económicos remitió un informe a la juez Alaya en el que vinculaba a la Junta de Andalucía y a Cajasol con la compra de las acciones de Lopera. Efectivamente, el informe no parecía exhaustivo… lo cual hacía más relevante la significación, negro sobre blanco, de estas entidades. ¿Qué interés podría tener el citado teniente en complicarse la vida metiendo al gobierno andaluz en el ajo si no lo viera claro?

Inmediatamente, el sistema comenzó a bombear. Las radios tuteladas por el Partido Socialista ignoraron la información. Canal Sur, la emisora de la Junta, no dio la noticia pero sí una réplica: en su línea. Los portales locales, para quienes es relevante hasta el estornudo de un futbolista, miraron para otro lado: casualmente, esos portales reciben ingentes patrocinios de la Consejería de Deportes… El dinero político, el mismo que se le negó a la juez Alaya para acelerar una auditoría externa, trabajó a destajo en la censura.

La propia Junta declaró desconocer el supuesto informe. ¿Qué hay detrás de todo esto? La Guardia Civil apuntó claramente a intereses inmobiliarios. En su día, Diario de Sevilla destripó un supuesto plan del grupo Azabache (el comprador favorito antes de Oliver) que contemplaba el traslado del Betis al Estadio Olímpico.

Estas pesquisas se quedarán ahí. La misma juez no parece especialmente emocionada por indagar una vía que, a buen seguro, terminaría de enfangar un caso ya realmente contaminado.

Lo que nos queda es una sospecha acreditada ya en la instrucción, una sospecha que, en los últimos tiempos, se había disparado. En este sentido, el gesto del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, apadrinando a Luis Oliver durante un partido amistoso no pasó desapercibido. Sí, jugaba el Atlético, el club de los amores del presidente andaluz, y sí, había una buena causa, contra la violencia de género… ¿pero no era suficiente con la presidenta del Parlamento y la consejera de Igualdad para darle fuste al acto?

La imprudencia o la impudicia guiaron el impulso de Griñán. El mismo Betis envió raudo una larga serie de fotografías del político junto a un Luis Oliver pletórico. No podía menos ante el capote que encontraba en plena polémica por su atrincheramiento en el Betis, la burla de un auto judicial y las graves acusaciones de corrupto.
El gesto de Griñán resultó más significativo, si cabe, en una caterva política, incluida la oposición, que ha hecho del silencio su postura oficial en un caso de tan profundo calado público. Mientras el Betis se desangra, ellos miran hacia otro lado. Su connivencia con Oliver, un destripaempresas cuyo paso por el fútbol se resume en la ruina del Xerez y del Cartagena, resulta lamentable.

Oliver, que se declaró insolvente económicamente ante un juzgado, sigue trabajando en pos del propósito de Lopera: provocar su añoranza. Un empeño difícil, pero en el que ha puesto todas sus energías. Hasta ahora, la mentira es la base de sus movimientos. Mintió sobre la compra y mintió sobre los compradores reales. A quien no se atrevió a mentir, mirándole a los ojos, fue a Rafael Gordillo. Por eso pegó la espantada en la reunión que fijaron el viernes.

El oscuro grupo de Oliver, respaldado por León y unos directivos que han hecho de la servidumbre un modo de vida, ostenta el poder después de haber pagado a Lopera apenas medio millón de euros en un contrato invalidado por la Justicia.

Según diversos agentes de futbolistas, ya habría obtenido en comisiones mucho más. Seguramente por ahí pasara su plan inicial, como intermediario antes de que Lopera recuperara el poder. Pero la intervención de la juez le descubrió nuevos horizontes. Optimista hasta las trancas, el estallido del caso Hércules -compra de partidos- ha inflamado sus expectativas por poder pescar a un Betis en Primera. Es difícil, pero esta vez los intereses políticos juegan a su favor. El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, parece habérselo tomado como una cuestión personal. En juego, entre otras cosas, unas toneladas de popularidad para impulsar su candidatura a la Alcaldía de Madrid.

«De aquí no me echan ni los geos», le dijo Oliver a un ex técnico al que no ha conseguido contratar para el Betis. Hasta algunos de sus más cercanos colaboradores han rehusado acompañarle en una aventura que apesta a leguas. Especialmente significativo es lo que está sucediendo con la dirección deportiva. El Betis es uno de los más activos en el mercado a pesar de su ruina y de no contar con un director deportivo como tal. Los intentos por convencer a Francisco Paquete Higuera han sido baldíos. Paco Santamaría le ha comunicado su intención de renunciar apenas una semana después de entrar en el club. La planificación sigue en manos de Carlos Bucero, otro personaje de pasado oscuro en el fútbol, tras ser despedido del Madrid bajo graves acusaciones de inflar fichajes.

Oliver está desesperado por encontrar compradores para Emaná y Sergio García. Sabe que, sin esos ingresos, pagar desde septiembre los sueldos de la pasada temporada resultará casi imposible. Entonces no les quedará más remedio que poner pies en polvorosa. También son expertos en esto: ya lo ensayaron en el Cartagena.

¿Y Lopera? Bueno, aparte de la urticaria que le debe provocar ver sus acciones en manos de Gordillo, sus esperanzas están centradas en el recurso de sus abogados y de la Fiscalía ante la Audiencia Provincial para revocar esas medidas.

Entre los episodios feos que ha dado el caso, pocos como este concubinato en que han acabado el Ministerio Fiscal y los abogados de Montero-Aramburu, que casualmente son dos ex fiscales, Alfredo Flores y José María Calero. El asunto merecerá un estudio aparte. De momento, lo que está mereciendo es una repulsa cada día más extendida, de la que se harán eco los abogados de las acusaciones: en camino, una queja formal a la Fiscalía General del Estado y al Colegio de Abogados.

Esta última, a tenor de la prepotencia e irrespetuosidad hacia la autoridad judicial que ha exhibido Calero, fiscal en excedencia, tal vez en la línea moral marcada por su jefe: «Yo no cambio de chaqueta, sino que un día la cuelgo en una percha y al siguiente en otra».

Flores, hasta ahora, se ha movido entre bambalinas. Su mayor éxito: conseguir que la Audiencia Provincial anulara la investigación sobre el asalto al Betis de Lopera en 1992. 100 folios del informe de los peritos se fueron a la papelera. Sorprendentemente, los magistrados dictaron entonces su resolución sin esperar a las pruebas. Ahora se enfrentarán a una situación similar (la segunda parte del informe pericial no está aún entregada) en un caso de muchísima más trascendencia. La Audiencia va a abrir las puertas de un infierno.

Falta ver para quién.