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Los informes sobre cuánto saqueó Lopera y la compraventa ‘ficticia’ de Oliver están al caer

Hay que reconocerle al recién y efímero presidente del Betis, Jaime Rodríguez Sacristán, cierto don para la oratoria. A Jimmy no le imponen los micrófonos. Parece darle igual que le escuchen una mentira uno o mil. Ayer dijo unas cuantas en la Cope con la misma naturalidad que, hace un par de años, sentenció en un programa de televisión: «Nadie habla ya del caso Lopera ni nadie hablará más». Lo que son las cosas, el caso Lopera ha acabado por llevar a Jimmy a la presidencia del Betis.

Al menos, el hombre admite la transitoriedad de su etapa, que será fugaz. En breve, el juzgado de lo Mercantil dispondrá la fecha de la Junta de Accionistas (aproximadamente en un mes) que liquide el actual consejo okupa y provea una nueva directiva, se supone que más representativa para el beticismo.

No será difícil. La convulsión, el trapicheo y las puñaladas entre los directivos han derivado en un engendro con Oliver y sus amigotes (el último aspirante a medrar es el Cuqui de Utrera) controlando un consejo que preside, para rizar el rizo, el abogado y amigo íntimo de Lopera.

De momento, tres de los directivos clásicos, el mismo Lopera, Javier Páez y Ángel Martín, ya han sido imputados en la causa por el delito societario. Sería una sorpresa que no lo fuera un cuarto, el ex presidente José León. Y habrá que ver si la juez se detiene ahí. Los mismos administradores judiciales ya anunciaron que se podrían pedir responsabilidades por una declaración de concurso de acreedores lesiva. O sea, que cómo explican estos señores la quiebra si hasta hace dos días voceaban que el Betis estaba saneado y no debía un céntimo a nadie.

Sin embargo, no serán los directivos antiguos del Betis los únicos que se podrían enfrentar a responsabilidades penales. El segundo informe que está ya a punto de cocción es la investigación de la UCO de la Guardia Civil sobre la posible compra ficticia de Oliver (Bitton Sport) a Lopera.

Fueron las propias mentiras del ínclito dirigente verdiblanco las que pusieron sobre la pista a la Guardia Civil, cuyas primeras pesquisas arrojaron sospechas de que los talones con que se certificó la compraventa no tenían fondos. Dicha operación se hizo en una notaría de la calle Jabugo. En breve, la juez Alaya dispondrá de las conclusiones detalladas. Probablemente entonces, llegará el turno de Oliver en el juzgado.

Sin embargo, el documento más trascendente que caerá en los próximos días es el segundo informe de los peritos judiciales, referente al periodo 1998-2007, y sus conclusiones sobre el montante definitivo del saqueo al que Lopera, presuntamente, sometió al Betis.

El hermetismo en relación a esta pieza de la instrucción, o mejor dicho, a la pieza fundamental de la instrucción, es absoluto. Sin embargo, las primeras aproximaciones hablan de una cifra absolutamente descomunal, muy superior a los 12,4 millones que, según los inspectores, Lopera desvió a sus empresas entre 1993 y 1998.
Precisamente la terminación de ese informe ha atemperado la toma de medidas de la juez Alaya… para desilusión de la defensa de Lopera y sus testaferros. Los abogados del bufete Montero Aramburu tenían preparados todos sus cañones para lo que, consideraban, sería su abordaje definitivo a la juez, cuya instrucción siguen descalificando.

Precisamente fue la precipitación de la juez, al advertir de la adquisición irregular por parte de Lopera de sus acciones sin haber aún alzado el primer informe pericial, lo que otorgó a Montero Aramburu su gran, y casi única, victoria hasta el momento: la Audiencia consideró que, con las pruebas que (no) tenía, no cabía investigar cómo adquirió Lopera aquellos títulos.

Ahora, tras conocer los avances del informe final de los peritos y el desacato judicial de Oliver -al que cree secuaz de Lopera-, muchos daban por hecho que la juez decidiría una intervención absoluta del club. No lo ha hecho, para frustración de la defensa de Lopera, que ya da por echada su suerte en la instrucción. En la siguiente fase, probablemente en la Audiencia, les queda insistir en la prescripción y en la inquisición de la instructora. Muy a lo malayo, o sea.

Diario El Mundo, edición impresa.