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Siete días, siete, les han bastado a los tres administradores judiciales de las acciones de Lopera para detectar las trampas de la directiva okupa del Real Betis.

Rafael Gordillo y Gómez Porrúa (Ruiz de Huidobro prefiere seguir en segundo plano) se reunieron ayer con representantes de las tres acusaciones en la causa del delito societario. Sus primeras conclusiones tras comenzar a examinar de cerca al club resultaron especialmente desalentadoras.

Sobre todo, por la deficiente colaboración que han encontrado en una directiva atrincherada en el poder, con Luis Oliver a la cabeza, que ya les provoca las mayores sospechas. El propio Oliver se congratuló en su momento de que Gordillo entrara a formar parte del club: «Así lo convenceremos en una semana». Ha pasado una semana, y ha sucedido todo lo contrario.

Gordillo y Porrúa expusieron sus primeras conclusiones a Hugo Galera y Manuel Serrano (Béticos por el Villamarín), José Tirado y Cayetano García de la Borbolla (Por Nuestro Betis) y Adolfo Cuéllar (Liga de Juristas). También asistió a la cita el ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla (Fundación Heliópolis).
La primera sorpresa para los presentes llegó cuando los administradores aclararon las mentiras emanadas desde la directiva. Ni se les había aportado aún la información solicitada ni fue cierto que Gordillo rehusara formar parte del Consejo de Administración. «Lo que rehusé es a entrar como una marioneta». El ex mítico jugador solicitó poderes para participar en la directiva; por supuesto, le fueron denegados. «En esas condiciones, habría sido formar parte de la mascarada».

Desde toda la cercanía que le han permitido, los administradores divisan un panorama desalentador. Creen que Oliver y los suyos se mantendrán atrincherados, y desconfían de la promesa que el presidente León («Es la sombra de Lopera») les hizo sobre convocar una Junta de Accionistas en la próxima reunión del Consejo, el 25 de agosto.

«León y otros tres directivos se comprometieron y lo tienen que cumplir», dijo a los periodistas Gómez Porrúa, que hoy tiene previsto verse con Oliver.

De puertas para adentro, sin embargo, no se mostró tan optimista. «Nuestra primera sensación es que quieren dilatar el Consejo y, luego, la Junta todo lo posible». En tal caso, probablemente sería inevitable la intervención judicial, que ya advirtió de medidas penales contra Oliver y su tropa si «obstaculizaban» la labor de los interventores.

Las sospechas de los interventores han alcanzado a la gestión deportiva, a raíz de las enormes comisiones que se están manejando en los fichajes y ventas del club. La próxima, por cierto, será la de Sergio García. El propio entrenador, Mel, dijo verlo ya «más fuera que dentro del Betis».

«El problema es que lleguemos demasiado tarde y, ya entonces, la quiebra y la administración concursal sean inevitables», temen los administradores.

Pero más rápido no se puede ir. Los tiempos judiciales son los que son, y las trabas se multiplican. La última la ha vuelto a colocar la Fiscalía de Sevilla, supuesta acusadora de Lopera que, en la práctica, actúa como su más encendida defensora. Ayer completó su recurso ante la Audiencia Provincial contra las medidas cautelares de la juez, pidiendo la anulación del nombramiento de los tres administradores.

ANTONIO FÉLIX / Sevilla, diario El Mundo, edición impresa