Oliver incumple el segundo pago a Lopera y le reta en los tribunales / ‘Empuja’ a una intervención de la juez… que desea la defensa

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Después de pedirle 60 millones de euros a Bsport, a un jeque árabe o a Luis Portillo, cuando era Luis Portillo… Después de prometer que velaría por dejar al Betis en buenas manos y de exigir «solvencia moral y económica» a los pretendientes… Después de vocear que vendía un club saneado, que no debía ni un céntimo y que en menos de lo que dura «un parto» estaría otra vez peleando por la Champions…

Después, de la noche a la mañana, en un increíble arrebato, Manuel Ruiz de Lopera decidió regalar su 51 por ciento del club por apenas 16 millones de euros y a Luis Oliver, un auténtico especialista en quebrar empresas, reconocido como «insolvente» en los tribunales, que venía de arruinar al Xerez y al Cartagena, y que ya ha declarado el concurso de acreedores para el saneadísimo Betis.

Lo que olía mal no podía esconder sino basura, y la basura ha terminado por salpicar incluso al propio Lopera.
La partida por el poder en el Betis no deja de enfangarse, día tras día. Ayer, la cadena Cope anunció que Oliver (a través de Bitton Sport) ha incumplido el segundo pago en la compra de acciones a Lopera, al entregarle un talón sin fondos.

Lejos de amilanarse con la cólera de su predecesor, el nuevo patrón bético incluso echó más sal a la herida. Oliver achacó a Lopera haberle «estafado» con unas acciones que luego quedarían intervenidas por la Justicia (lo que no le ha impedido apropiarse del poder en el club y hacer y deshacer a su antojo). También le explicó que ha actuado por consejo de sus abogados y le retó en los tribunales. Ahí no le falta experiencia: en acusaciones de delitos societarios, le gana por 2-1.

A primera vista, la osadía de Oliver parece una insubordinación en toda regla ante un Lopera que creía tenerlo controlado.

Para ello, sólo debía ejecutar alguna de las cláusulas del contrato firmado en su día. Especialmente, la que obligaba a devolverle sus 27 millones de euros en avales en un plazo de una semana. Lopera lo explicó muy bien en su última rueda de prensa: «Esto es como un contrato de alquiler, y el piso vuelve a su propietario cuando se deja de cumplir alguna cláusula».

Sin embargo, la intervención judicial de las acciones de Lopera (administradas ahora por Gordillo, Porrúa y Huidobro) convulsionó el escenario.

Oliver, que ya ha manejado fuertes comisiones en la amplísima reestructuración de la plantilla, vio abrirse un futuro con muchas posibilidades (ver apoyo) y, desde luego, con un botín impensable en los anteriores clubes a los que arruinó, el Xerez y el Cartagena.

En ello está. El empresario navarro maniobra para gozar de mayoría en el consejo de administración del Betis. Después de resucitar a Nuchera y meter a un amigote (Eduardo Peña), acaba de anunciar que nombrará a otro consejero y ultima el relevo del presidente León.

Sin embargo, el amotinamiento de Oliver ha despertado sospechas en las plataformas acusatorias del delito societario. Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y la Liga de Juristas temen que esta «nueva provocación vaya en dirección de presionar aún más a la juez y tratar de que dé algún paso en falso».

Incapaces de aportar pruebas palpables (más allá de un informe de un ex inspector de Hacienda al que paga el club) que exculpen a Lopera del inmenso fraude, los abogados del ex directivo han centrado su estrategia en desacreditar a la juez Mercedes Alaya.

Los letrados del bufete Montero-Aramburu, apoyados por la Fiscalía (a pesar de que ésta ejerce, supuestamente, como parte de la acusación) manejan grandes esperanzas de que la Audiencia Provincial revoque alguna de las medidas cautelares dictadas por la juez; sin ir más lejos, la designación de Rafael Gordillo como interventor.

Si la magistrada decide finalmente intervenir no sólo ya las acciones de Lopera sino todo el club, la defensa pedirá directamente que la aparten del caso.

Ya antes, por cierto, los magistrados de Montero-Aramburu solicitaron la nulidad de los peritos judiciales y la inhabilitación para ejercer la acusación de Por Nuestro Betis y de la Liga de Juristas. Fracasaron.

La enorme carga de trabajo ha provocado que el tramo final de las vacaciones de la juez esté siendo activo. Ayer, su juzgado ingresó el primer informe de los interventores Gordillo, Porrúa y Huidobro.

En él no sólo se informa de las «obstrucciones» ejercidas por la directiva bética sino que se aportan pruebas de la «intimidación» que incluso habrían sufrido desde el entorno de Lopera.

La juez ya advirtió de las «consecuencias penales» que acarrearían estos comportamientos. La tormenta no tiene ninguna pinta de parar.

Por Antonio Félix, Diario EL Mundo, edición impresa

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RECALIFICACIÓN: Oliver se reunió con el alcalde para desbloquear el convenio urbanístico

El ‘caso Lopera’ y el advenimiento de Luis Oliver al Betis siguen cubiertos de sombras políticas cada vez más evidentes. Después de que la Guardia Civil asentara en un informe que, tras el nuevo ejecutor del Betis, se escondían empresarios inmobiliarios «con vinculaciones a la Junta de Andalucía y la entidad Cajasol», este periódico ha podido saber que el mismo alcalde de Sevilla, Sánchez Monteseirín, se reunió con Oliver para evaluar el desbloqueo del convenio urbanístico. Hay que recordar que el lío judicial tiene paralizada una recalificación jugosísima de los terrenos aledaños al estadio de Heliópolis, cuestión que parece interesar especialmente a Oliver y su ‘oscuro’ grupo. Medió en la cita el ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.