Lopera, que ya está imputado por delitos societarios y apropiación indebida, es investigado ahora por falsear contratos en perjuicio del Betis

 

Antonio Felix, El Mundo, 3 de Junio de 2010
El cruento ataque de la defensa de Manuel Ruiz de Lopera contra la juez Mercedes Alaya, que dirige la investigación de los supuestos delitos cometidos por el dirigente en el Betis desde 1993 hasta la actualidad, ha coincidido con otro momento delicadísimo de la instrucción.
Los abogados de Lopera, que han solicitado que se sancione a la juez por una presunta «enemistad» con su defendido, han puesto toda la carne en el asador justo cuando los peritos judiciales completan la segunda parte de su informe (referida al periodo 1999-2008), pivote fundamental de la instrucción.

Hace unas semanas, la juez imputó a Lopera como presunto autor de un delito societario continuado y otro de apropiación indebida. Éste vendría derivado del impago aún hoy de 206 millones de pesetas correspondientes a un paquete de 20.662 acciones del Betis (30 por ciento del club) que Lopera se apropió en 1992 y con el que habría operado, a su antojo, como accionista mayoritario de la entidad.

 

La juez consideraba como «superior a los 10 años de prisión» la pena a la que se podría enfrentar Lopera por la comisión de estos delitos.

 

Sin embargo, éstos no serían los únicos de los que podría ser acusado el dirigente verdiblanco al término de la instrucción.
Los peritos judiciales han recibido las conclusiones del Grupo de Delincuencia económica de la Guardia Civil, que pone el índice en la comisión de otro posible delito de falsedad documental.

 

En su artículo 392, el Código Penal castiga con «penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses» al «particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en el artículo 390»; entre ellas, «alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial» o «simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad».Algo muy parecido es lo que la Guardia Civil ha detectado en los contratos de arrendamiento entre el Betis y las empresas fantasma de Lopera Tegasa y Encadesa, especialmente en lo relativo a los pagos porlas obras (y por las no obras) del estadio.

 

Lopera siempre defendió que estos contratos protegían al Betis. Y, sin lugar a dudas, así habría sido… si se hubiesen cumplido. En la cláusula más interesante para el club, el Betis se arrogaba, a la finalización del contrato, el derecho de «exigir la restitución del estadio a su estado original o quedarse con las obras realizadas sin que eso supusiera indemnización alguna» para las empresas de Lopera.

 

Pero resulta que, cuando esos contratos finalizaron, el Betis (por supuesto, también dirigido por Lopera) olvidó esa cláusula, y pagó generosamente varios millones de euros. Esto, para la Guardia Civil, supuso «una falsedad contenida en el contrato mercantil suscrito que viene a perjudicar los intereses del Real Betis Balompié, que se hace cargo del pago de unas cantidades que crrespondería asumir a Tegasa». Ese contrato se firmó en 1997 y tenía una vigencia de 12 años. Pero, coincidiendo con el caso Hacienda, Lopera liquidó a su antigua empresa y la sustituyó por Encadesa. La nueva gestora fue aún más lejos. Si su antecesora había cobrado al club (a pesar del blindaje del contrato) por obras realizadas, ésta le sableó por obras sin realizar. En su último auto, la misma juez ya se lo explicaba a la Fiscalía. «A partir de julio de 1999, Encadesa volvería a suscribir idénticos contratos, recibiendo pagos por parte del club como los derivados del contrato de ejecución de obras del estadio (1.180 millones de pesetas) o indemnizaciones tan curiosas por su cuantía y concepto como la de 1.127 millones por los perjuicios ocasionados a Encadesa por la no continuación de las obras del estadio». Éste es uno de los casos más llamativos de una secuencia de contratos entre el Betis y sus empresas gestoras que, en realidad, a juicio de los investigadores, han sido mayormente papel mojado.

 

La investigación del delito societario también condujo a Lopera, en 2008, a liquidar Encadesa «sin que las partes obtengan beneficio alguno». La gestora quedaba obligada a devolver al club el 90 por ciento de sus beneficios. Y, efectivamente, la liquidación se saldó con 11 millones a favor del Betis… pero gracias a que Encadesa le encajó 11 millones de adelanto por los derechos televisivos que se perderían con el descenso.

 

La empresa de Lopera, erre que erre, se cobró en dicho contrato otros 3 millones de euros como «indemnización de las obras del estadio». Hasta hoy, una de los mayores acreedores de un Betis al borde de la ruina es… Encadesa.