Pucherazo a la vista

«Acciones por acciones». Acciones penales, o sea, a cambio de las acciones del Betis. La sentencia se la atribuyen al abogado de Manuel Ruiz de Lopera, José María Calero, y supone la base del principio de acuerdo alcanzado por el expresidente verdiblanco y las acusaciones particulares para poner fin al conflicto judicial que amenaza a Lopera y, supuestamente, «devolver el Betis a los béticos».

Acosado fuertemente en los tribunales, Lopera (sus representantes legales, mejor dicho) se vienen afanando desde hace tiempo por lograr un pacto que ponga fin a la odisea judicial que sufre el exdirigente verdiblanco. Esencialmente, hay una fecha clave en la que se disparó la diplomacia: el 6 de junio. Justo cuando los peritos judiciales defendieron con entereza su informe sobre el saqueo del Betis.

Sus conclusiones fueron demoledoras. Los peritos cuantificaron en unos 30 millones de euros el dinero que, supuestamente, Lopera habría desviado a sus empresas fantasma desde que en 1992 se hizo con el control del club. Tal informe es la piedra filosofal de la larguísima instrucción (cinco años y medio) que en estos meses da sus últimos coletazos. Precisamente el próximo 6 de noviembre, Lopera está citado por la juez Mercedes Alaya para tomarle declaración e informarle de los delitos definitivos que se le imputan.

Tal comparecencia podría incluso no producirse, según las versiones más optimistas, ante la aceleración que las negociaciones extrajudiciales han tomado en los últimos tiempos.

Ya en unas jornadas organizadas por el Instituto de estudios Cajasol, el pasado junio, José María Calero, apoyado por su socio en el bufete Montero-Aramburu José Manuel García-Quílez, abordó al actual mandamás verdiblanco, el administrador judicial José Antonio Bosch, al que solicitaron su mediación para el pacto. «Cualquier acuerdo es preferible a un pleito», sostienen. Bosch los remitió a los denunciantes, las asociaciones Béticos por el Villamarín (BxV), Por Nuestro Betis (PnB) y la Liga de Juristas (LJ).

A partir de ahí, se intensificaron los contactos. En defensa cobró un protagonismo creciente Quílez. También sorprendió la drástica rebaja de la tensión con Calero, con quien durante la instrucción se han vivido episodios extremadamente violentos.

Por los denunciantes cobraron protagonismo como mediadores Julián García de la Borbolla, presidente de la Fundación Heliópolis, y Adolfo Cuéllar, de la Liga de Juristas. De fondo, también colaboró el expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla. Uno de los puntos de cita fue el restaurante Azafrán de la avenida República Argentina, del que presuntamente salió el principio de acuerdo sobre la sentencia de Calero: «Acciones por acciones».

García de la Borbolla admite haberse encontrado «casualmente» en el restaurante Azafrán con Calero y Quílez, aunque ni confirma ni desmiente otras reuniones. El presidente de PnB , Cayetano García de la Borbolla, afirma haber sido invitado, pero declinó participar.
Aún faltan por determinar los términos del acuerdo definitivo, que parece complejo. Especialmente, directivos de BxV consultados por EL MUNDO lo consideraron aún insatisfactorio. «Con eso, sencillamente, no habrá pacto». Hay que recordar que Lopera necesita que todos los denunciantes particulares retiren su denuncia para asegurarse que el proceso se interrumpe. Lo logrado hasta ahora es la predisposición de todas las partes a alcanzar un pacto. Y no es poco.

José Antonio Bosch, el administrador que la juez Alaya situó al frente del Betis como medida cautelar, para evitar que el saqueo continuara en el club, está al tanto de los movimientos. En caso de que se alcanzara un pacto, su posición quedaría sin sentido y debería salir del club. Se supone que, para articular el relevo, habría de convocarse una Junta extraordinaria con celeridad. Aunque queda por ver qué sucederá con su posición en la Fundación del Real Betis, un organismo hasta ahora infrautilizado pero que podría cobrar relevancia en una supuesta gestión de las acciones que devolvería Lopera.

En el preacuerdo, es una condición innegociable que esas acciones se pongan (en una especie de subasta) a disposición del beticismo. El problema es el precio. El mismo Bosch informó a Cayetano García de la Borbolla de que «deberían revertir en el Betis a un precio ajustado de venta» (ver apoyo). Incluso dio una aproximación: 450 euros. Una cifra que traería traca y probablemente dinamitaría el ambiente social.

Y es que son muchos aún los puntos oscuros del preacuerdo que quedan por limar para que éste llegue a buen puerto. De hecho, portavoces de la asociación Béticos por el Villamarín consideran «inaceptable» que el pacto se reduzca al «acciones por acciones».
Hay que recordar, en este momento, que existe un proceso paralelo en la vía mercantil para desposeer a Lopera de más de la mitad del 51 por ciento de sus acciones, después demostrarse, indiciariamente, que se las apropió sin jamás pagarlas.

BxV fue el primer grupo que, apoyado en las investigaciones realizadas por EL MUNDO, se fue a los tribunales a denunciar a Lopera, allá por febrero de 2008. Desde entonces, también ha sido el más beligerante. Especialmente, uno de sus líderes, el expresidente bético Hugo Galera, que tomó la expulsión de Lopera como una cuestión personal. «Yo fui quien le abrió las puertas del Betis, y no me moriré sin corregir aquel error», ha repetido en más de una reunión.


Dos miembros de BxV, Juan y Rafael Salas, fueron abordados por un mediador en el funeral del expresidente bético Pepe Nuñez, el pasado 30 de junio. Allí conocieron los términos de la negociación, que posteriormente debatieron con su grupo en el restaurante Cambados.
«No seremos los únicos que nos opongamos a una negociación y la echemos por tierra. Escucharemos y valoraremos. De momento, sólo conocemos estimaciones, pero si el pacto se reduce ai ntercambiar acciones, que se dé por enterrado», declaró un portavoz.

BxV pretende dar a Lopera en el lugar donde más le duele: el bolsillo. El grupo ya ha trasladado lo que, a su juicio, podría ser una «oferta razonable». Se trataría de añadir a las acciones que devolvería al Betis «el pago de un par de años del concurso de acreedores», que actualmente pesa sobre el club por la negligente gestión de sus antiguos directivos. O sea, unos 15 millones de euros.

La negociación colectiva está todavía en una fase primaria y los obstáculos a salvar no son pocos. Sin embargo, las partes se muestran optimistas al alcanzar un punto que, para muchos, resultaba absolutamente impensable hasta hace algunos meses. «La predisposición ya es un éxito», insiste un mediador que concluye con la máxima que suele regir estos casos: «En definitiva, no estamos ante ningún problema que no pueda arreglar el dinero».

En caso de que todo llegara a buen puerto, Lopera podría salvarse por segunda vez de ir a la cárcel. Posibilidad ésta aún lejana, con la instrucción todavía sin terminar. Pero que, en diciembre de 2005, era una realidad después de perder el juicio por diversos delitos fiscales cometidos con sus sociedades fantasma en el Betis. Denunciado por Hacienda, al final se avino a declararse culpable y abonar una sanción de 2,5 millones de euros (que los peritos han desvelado ahora que pagó el club) para llegar a un pacto, cerrar el procedimiento y evitar los 15 meses de cárcel a los que había sido condenado.

Por Antonio Félix, Diario El Mundo, edición impresa 17 sep 2013

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