En lugar de comentar lo que puede parecernos, dejemos que juzguen nuestros lectores. En negrita, la postura de la fiscalía en negirtas:

 

Que se opone a las medidas interesadas por las tres asociaciones querellantes, al considerar que contienen peticiones no fundadas en derecho. No concurren en los escritos presentados ni en las alegaciones realizadas en el presente acto, los presupuestos que para su adopción exigen los art. 764. parrafo 1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 726 Y 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


En primer lugar, con relación al art. 764, parrafo 10 y en relación con las salvedades expuestas por los letrados de las asociaciones de la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil al procedimiento penal, el Ministerio Fiscal tiene la obligación por imperativo legal de ser absolutamente riguroso en la aplicación de la Ley, al exigir el arto 764, párrafo primero que todas las medidas cautelares relativas a responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas, se acordarán con relación y siguiendo los presupuestos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil y la exigencia de caución que la misma contempla.

 

De acuerdo con ello y examinado el arto 726, parrafo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el art. 728, parrafo 2 de la misma Ley no concurre en el presente caso las razones que justifiquen la adopción de medida cautelar de orden economico sobre bienes propiedad del imputado, pues estas deben ir dirigidas exclusivamente a ser efectiva una posible sentencia estimatoria a sus pretensiones que se dictare.

El Ministerio Fiscal considera que en la presente causaa en la que se investigan unos hechos ocurridos o presuntamente ocurridos desde el año 1992/1993 muchos de los cuales de dudosa tipicidad y algunos otros a juicio de esta parte y de acuerdo con los informes emitidos, presuntamente prescritos, hechos y certeza que no se tendrá hasta la terminación de la pericial parcial que se ha presentado, el Ministerio Fiscal tiene que concluir que al día de hoy las partes solicitantes no han justificado que se den los fundamentos de una posible sentencia estimatoria, sobre todo a la vista de que la pericial practicada alcanza hasta la temporada 98/99.

Y de los documentos aportados con posterioridad y unidos a la causa con posterioridad a dicha pericial, ,se podría inferir la inexistencia de perjuicios y en su caso, y de existir los mismos a lo largo de la pendencia de la causa y una vez acreditada su existencia adoptarse de una forma fundada y conforme a derecho alguna de las medidas cautelares que se interesan, sobre todo teniendo en cuenta que el imputado no ha intentado sustraerse personalmente ni su patrimonio a la acción de la justicia; por consiguiente concurre la prohibición establecidia en el ati. 728, párrafo 1°, 2° inciso de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prohibe expresamente la adopción de medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hechos consentidas por el solicitante durante largo tiempo.

Asi mismo” conforme al arto 728. parrafo 3° de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se ha ofrecido por los solicitantes caución suficiente para responder de manera rápida y efectiva de los perjuicios que causare en el patrimonio del imputado, de acreditarse la innecesariedad de las medidas. No concurre las excepciones a la prestación de caución exigida en el párrafo 3° del art. 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que no estamos ante delitos contra los consumidores y usuarios, unico supuesto en el que se admite la excepción de caución en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que estamos ante delitos patrimoniales de muy diferente naturaleza.