La Guardia Civil ve la sombra de la Junta y Cajasol tras los compradores de Lopera

Entrega un informe a la juez Alaya en el que concluye que Luis Oliver no es sino un mero testaferro / Apunta como compradores reales a empresarios inmobiliarios «con importantes conexiones en Andalucía y con la entidad Cajasol»

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ANTONIO FÉLIX / Sevilla, diario El Mundo, edición impresa, 2 de agosto de 2010

En la historia de serie negra en que se ha convertido el saqueo del Betis faltaban los políticos.
Pues ya aparecen por aquí.

La Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil ha remitido un informe a la juez Mercedes Alaya donde apunta a empresarios con vinculaciones a la Junta de Andalucía y a la caja de ahorros Cajasol como los compradores reales de las acciones de Manuel Ruiz de Lopera.

La compra, como recordarán, ha quedado suspendida por el Consejo Superior de Deportes y los tribunales al detectarse que Lopera mercadeaba con más de 20.000 acciones que aún hoy no habría pagado.

A juicio de la Guardia Civil, Luis Oliver no sería en esta historia más que un mero testaferro. El ex presidente del Xerez y el Cartagena, clubes a los que dejó en la ruina, se sigue negando pertinazmente a aclarar quiénes son los empresarios que lo respaldan.

Es la primera vez a lo largo del proceso que se constata negro sobre blanco una sombra política en el caso del presunto delito societario de Lopera, una trama que ha desbordado lo meramente deportivo y que cada día se embrolla y ensucia más.

Bien es cierto que la propia Guardia Civil matiza sus conclusiones «con las salvedades propias» de una investigación limitada mayormente a registros notariales y mercantiles.

Pero éstos no le dejan duda para manifestar que, tras la compra del Betis, se esconden intereses inmobiliarios de empresarios con ligazón a la Junta de Andalucía y a Cajasol, entidad cuyos órganos de gobierno están controlados por el Partido Socialista andaluz.

Hasta ahora, las conexiones políticas del caso Lopera no habían pasado de las sospechas. En estos dos años largos de instrucción, ni el Gobierno andaluz, ni el sevillano, ni siquiera la oposición ha manifestado postura alguna en torno a un tema de alto calado público. Sus escasas intervenciones han sido para obstaculizar el proceso. Así, la Junta de Andalucía denegó la financiación que la juez le solicitó en su día para contratar a una empresa auditora independiente, que habría agilizado enormemente la investigación de los supuestos delitos de Lopera.

La actuación de la Fiscalía, y su asombroso viraje desde su inicial acusación a su última y encendida defensa de los intereses de Lopera, no ha hecho sino incrementar la inquietud respecto a un presunto intervencionismo político.

Pero, hasta hace unos días, por escandalosas que parecieran algunas actuaciones, todo esto no sobrepasaba el territorio de la rumorología.

Hasta el último informe de la Guardia Civil.

A petición de la juez Alaya, la UCO de Delincuencia Económica dirigió una investigación para esclarecer la compraventa del 52 por ciento de las acciones del Betis entre Lopera y Luis Oliver.

Lo primero que se encontró es que la supuesta empresa compradora, Bitton Sport (Desarrollos de Interiores Bitton España S.L.), era una sociedad instrumental, constituida hace apenas un año, con un capital de apenas 10.500 euros, relacionada con la mercadería y la hostelería, dirigida por un testaferro y huida de su domicilio social.

Nada mal para empezar.

A partir de ese hilo, y según diversas inscripciones registrales, la Guardia Civil fue encontrando un maremágnum de empresas interpuestas, con administradores cruzados… Lopera había vendido sus acciones a una red de sociedades mucho más sofisticada que la que él tejió para, presuntamente, estafar al Betis.
Las «empresas fiadoras» de la minúscula Bitton Sport ofrecieron nuevos datos a los investigadores para establecer sus conexiones.Dinaqua SL, la primera fiadora, quebró y fue absorbida en 2008 por una sociedad de Ángel Vergara, mano derecha actualmente de Oliver en el Betis.

El mismo Vergara aparecía como administrador de Financiación, Desarrollo y Gestión SL, la segunda fiadora, empresa relacionada, según los investigadores, con Luis Francisco Castro, los hermanos Raúl y Pedro San José, Juan Navío y Luis Alarcón de la Oliva.

Ellos serían los empresarios inmobiliarios que hay presuntamente detrás de la compra de las acciones de Lopera.

A juicio de la Guardia Civil, una empresa de Alarcón y Navío constituiría la conexión con Cajasol Inversiones inmobiliarias SA, una filial participada por la matriz Cajasol.

Ésta fue la primera conexión política (Cajasol es una entidadgobernada por el PSOE andaluz) que encontró la UCO de la Guardia Civil.

Pero, a continuación, apunta en una segunda directamente a la Junta de Andalucía.

«Estas personas (los empresarios anteriormente mencionados) están vinculadas a varios grupos inmobiliarios y, según varias investigaciones periodísticas, a la propia Junta de Andalucía».

Uno de los abogados de los hermanos San José negó rotundamente a este periódico que tengan nada que ver en la compra de las acciones de Lopera. Consideran que la investigación de la Guardia Civil es errónea.
Sus conclusiones, en cualquier caso, ya obran en poder de la juez Alaya, y así se han incorporado al sumario de instrucción de la causa del delito societario.

Esas conclusiones son las siguientes:

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«1. Que en esta operación interviene un complejo entramado empresarial, en la que se utilizan testaferros y domicilios sociales inexistentes o alquilados a empresas dedicadas a dicha actividad. Que si bien esto no implica que presente un perfil delictivo, sí resulta extraño que en una operación de este tipo no se utilice un procedimiento con una mayor formalidad aparente».

«2. Que la figura de Luis Oliver es sólo la cabeza visible de la operación, tras la cual están otros inversores».

«3. Que la empresa Bitton así como su administrador, Antón Vicente, no son más que meros instrumentos en dicha operación, que carecen de recursos propios para hacerla de por sí».

«4. Que la operación de compraventa de las acciones del Real Betis Balompié de las que era propietaria la mercantil Familia Ruiz Ávalos SA (Farusa) es una operación realizada con personas vinculadas a potentes grupos inmobiliarios y de inversión con importantes conexiones en Andalucía y con la entidad Cajasol».